A mitad de semana llegaron al despacho del presidente supremo, Horacio Rosatti, cuatro auditorías de la Obra Social del Poder Judicial (OSPJN) impresas y otras 18.747 fojas digitalizadas, con las pruebas recogidas. Las mandaba el secretario de administración, Héctor Daniel Marchi, con un mensaje: debían enviar todo a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que lo había pedido. Era un material explosivo, que los supremos conocían pero que no habían hecho público: por empezar, en la OSPJN se habían perdido 3 mil millones de pesos en seis meses, no en el pasado remoto sino en 2022; se detectaron faltantes de 30 mil medicamentos; hubo aumentos de 500 por ciento para prestadores elegidos y compras directas; más otras cuestiones ya conocidas como que no hay presupuestos oficiales, ni sistema contable ni balances. La reacción de Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda ilustra la feroz guerra que atraviesa al tribunal puertas adentro. En lugar de girar todas las actuaciones al Congreso, decidieron expulsar a Marchi, un hombre cercano a Ricardo Lorenzetti, y mandarlo a la Cámara de la Seguridad Social a modo de represalia. El enfrentamiento interno es total.
Esta semana, después de ciertos testimonios en la Comisión de Juicio Político, quedó claro que el capítulo de los desmanejos en la Obra Social podría ser uno de los más comprometedores para la Corte. Un perito/auditor dijo en forma categórica que durante 13 años la OSPJN nunca entregó un presupuesto y que no hay sistema de contabilidad. Lo mismo afirmó otra exfuncionaria que duró pocos meses. Y una prosecretaria conocida en la Corte como «la sobrina de Maqueda» admitió que firmaba cheques millonarios para proveedores sin ser contadora ni tener formación específica.
