Este martes por la tarde, y por primera vez, Cristina Kirchner escuchará a un Tribunal dictar una sentencia en un caso donde la principal acusada durante el desarrollo del juicio, fue ella. Los jueces tienen al menos tres posibilidades a la hora de resolver la situación procesal de la vicepresidenta y de los otros doce imputados en este expediente que analizó las 51 licitaciones viales por $ 46.000 millones que ganó Lázaro Báez durante los gobiernos kirchneristas. Dos escenarios de condenas, de diferente profundidad, y la absolución que reclamó su defensa.
Después de nueve audiencias de alegatos, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola concluyeron que la vicepresidenta fue la jefa de la asociación ilícita, es decir, de aquella “organización criminal” que se dedicó “a la sustracción de fondos públicos” para beneficiar a quien era su socio comercial. Por eso, pidió para ella una pena de 12 años de prisión y que sea inhabilitada de por vida a ejercer cargos públicos.También, el decomiso de los bienes y las ganancias producidas por ese dinero defraudado al Estado.
Los fiscales también pidieron una condena de 12 años de prisión para el empresario Lázaro Báez, de 10 años para el ex ministro Julio de Vido, el ex secretario José López y el ex titular de Vialidad Nelson Periotti.