La advertencia de Odebrecht para que sus confesiones y pruebas no puedan ser impugnadas

Los términos generales de la oferta ya se conocían: una colaboración «irrestricta, amplia y eficaz» para identificar a los funcionarios -¿y empresarios?- que cobraron los 35 millones de dólares de coimas que la empresa Odebrecht admitió haber pagado en la Argentina para obtener contratos de obra pública entre 2007 y 2014. Pero también hay límites: si los fiscales argentinos no aceptaran sellar un acuerdo similar al que el gigante de la construcción firmó en su país, esa promesa de colaboración voluntaria desaparece, y los datos que puedan obtenerse por parte de la justicia brasileña a través de exhortos podrían ser impugnados y eventualmente nulificados por los defensores de los funcionarios kirchneristas que resulten investigados. La jurisprudencia al respecto es frondosa, bajo la figura de «los frutos del árbol envenenado»: si el origen de las pruebas no es legal, todo lo que se desprenda de ellas no sirve para nada.

«El acuerdo de colaboración» que Odebrecht presentó en la justicia enmarca el ofrecimiento en los términos de la recientemente aprobada ley del Arrepentido, la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención de la ONU contra la Corrupción, «y respetando el acuerdo de leniencia celebrado en Brasil el 1 de diciembre de 2016 y la declaración de Brasilia firmada por el ministerio público el 16 de febrero de 2017».