La Corte Suprema analiza una serie de temas que preocupan al Poder Ejecutivo en un año electoral

Una característica del gobierno de Mauricio Macri, que sabe (y aprovecha) que buena parte de la batalla electoral se juega en tribunales, es que se mete con los jueces y juezas, cuestiona y les promueve denuncias cuando un fallo no le gusta, o les dice lo que tienen que hacer, sin ninguna clase de prurito ni preocupación por la división constitucional de poderes. Es su forma de disciplinar. Sin embargo, a cierto sector judicial lo mira con un poco más de resquemor y prudencia. Para camuflar el miedo, el Presidente habla “levantando el dedito”. “En cada fallo, la Corte debe pensar en el equilibrio y la gobernabilidad”, dijo desde Vietnam. Si, Macri le teme a la Corte Suprema porque hoy está fuera de su control y porque ahora adoptó la costumbre de armar una agenda de temas para los próximos meses en la cual también va intercalando algunas sorpresas. Como ocurrió la semana pasada con la sentencia que obliga al Estado a pagarle a San Luis 15.000 millones de pesos de coparticipación que corresponden a un fallo incumplido de hace tres años, y que tendrá su próximo. Macri quiere marcar la cancha, además, porque el martes próximo se define el calendario supremo. Es obvio que la mayoría de las sentencias tienen una resonancia política, pero el problema es que hay temas en el tribunal, que para colmo podría comprometer al mandatario y a su familia, o también a sus amigos, como el decreto de 2016 que permitió que familiares de funcionarios blanqueen dinero o propiedades. La cuestión previsional también enloquece al Poder Ejecutivo, que tiene que hacer los deberes con el Fondo Monetario Internacional cargando el ajuste sobre los sectores más vulnerables.