La financiación electoral, un agujero negro en Argentina

En Argentina no se sabe cuánto cuestan las campañas electorales, cuánto gastan en ellas los partidos políticos ni quién las financia. Este es el crudo diagnóstico de organizaciones que estudian la financiación electoral a cuatro meses de los comicios legislativos del próximo 22 de octubre, en los que se renovará la mitad de los miembros de la Cámara de Diputados y un tercio de los del Senado. La larga lista de malas prácticas hace que Argentina sea uno de los países con una mayor brecha entre lo que marca la ley y su cumplimiento efectivo y todo hace prever que los abusos se repetirán en la próxima contienda electoral.

Faltan aún 17 días para el inicio formal de la campaña, pero desde hace semanas pueden verse las calles de Buenos Aires y su área metropolitana empapeladas con la imagen de candidatos, mientras las publicidades partidarias inundan Internet. La ley argentina prohíbe cualquier tipo de propaganda antes de los 30 días previos la cita electoral, pero nadie lo cumple. Como las empresas no pueden donar fondos para las campañas electorales lo hacen sus altos directivos a título individual. Aunque la legislación permite las donaciones por vía bancaria, más del 90% de las contribuciones declaradas se hacen en efectivo, lo que impide saber si tienen o no un origen ilegal.


«El peor problema que tenemos es que no sabemos cómo se pagan la política partidaria y las campañas electorales. La mayor parte de los recursos que solventan la actividad de los partidos y las campañas provienen de fuentes no declaradas y del abuso de recursos públicos con fines partidistas», dice Julia Pomares, directora ejecutiva del Centro de implementación de políticas públicas para la equidad y el crecimiento (Cippec), una de las organizaciones que más ha seguido de cerca la financiación electoral en Argentina.