La “guerra de servicios” deja al descubierto la verdad de nuestras instituciones

Detonó Comodoro Py. No vale la pena preguntarse cuánto hay de operación en la causa Cuadernos y en su contracausa D´Alessio-Stornelli. Funciona así. La trama capilar del espionaje político, judicial y de negocios es uno de los engranajes de nuestro sistema político. La “guerra de servicios” es potente, es atractiva, atrapa. Pero, a partir de lo que ahora sabemos, ¿pensaremos un modo distinto de construcción de poder?

Del juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA, que terminó hace unos días, quedaron imágenes muy evidentes. La SIDE había tomado el juzgado de Galeano. La camarista Riva Aramayo fue a la cárcel de Devoto a ver a Telleldín, para arreglar el pago de 400 mil dólares con fondos reservados de inteligencia, en un auto manejado por el chofer de Anzorreguy. El objetivo fue inventar una acusación contra un grupo de policías bonaerenses. Estuvieron presos ocho años, los apretaron. Duhalde denunció que fue una interna política. El atentado está impune y tampoco sabemos la verdad. El aparato judicial funcionó como pieza clave de este esquema de poder.


En la investigación por el crimen de Mariano Ferreyra se tejió una trama para proteger a Pedraza, compuesta por un grupo de judiciales y ex judiciales federales, un gestor de influencias de la SIDE, abogados y estudios jurídicos. Hace 8 (ocho) años que se espera el juicio oral. Nunca se investigaron los vínculos del juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Eduardo Riggi, con el operador de la SIDE. Se habían conocido en la Escuela de Inteligencia. Al Consejo de la Magistratura le pareció que era mejor no hacer preguntas.