La industria del espionaje digital está ayudando a los Estados a violar los derechos humanos: ya basta

Imagínese un Gobierno con poder suficiente para espiar a periodistas, activistas y a casi todos sus opositores. Un Estado con capacidad de silenciar y extorsionar a una persona no sólo gracias a la capacidad de seguir sus movimientos, sino sus conversaciones, sus contactos, sus fotos, notas, correos… en definitiva, todo el contenido de su vida digital.

Para algunos eso suena a ficción distópica, pero hoy ese tipo de vigilancia, con capacidad de seleccionar a alguien concreto, es una de las realidades más siniestras de la era digital. Se está convirtiendo en un instrumento en manos de Gobiernos represivos para asfixiar el debate, la crítica y el periodismo.


Una y otra vez, investigadores y periodistas han desenmascarado cómo diversos Gobiernos –con apoyo de empresas privadas– han insertado programas con capacidad para espiar a través de maniobras arteras los teléfonos inteligentes, ordenadores portátiles y dispositivos similares pertenecientes a personas a las que quieren neutralizar: aquellas que juegan un papel importante en la democracia en tanto que facilitadores del derecho de la ciudadanía a estar informada. Y no termina aquí. A veces la vigilancia acaba con los objetivos detenidos y atacados. Incluso asesinados.