Esta semana, el presidente brasileño electo entró personalmente en las negociaciones para articular una base oficialista en el Congreso. Lula busca asegurar en diciembre el voto de la financiación por encima del Presupuesto que necesitará a partir del 1° de enero. Como fondo de los volátiles acuerdos del PT con la oposición parlamentaria, una densa atmósfera golpista busca deslegitimar al gobierno y a la democracia.
Lo primero que hay que decir es que no habrá Golpe de Estado. No habrá ruptura violenta de la institucionalidad. La democracia brasileña no corre (ese) peligro. Ni un golpe a la antigua, con tanques en las calles (como en Brasil en 1964, en Argentina en 1966, en Chile en 1973). Ni una renuncia presidencial arrancada bajo la amenaza del uso de una fuerza irreprimible (como en Argentina en 1962, en Bolivia en 2019). Lo segundo que conviene añadir es que la gravedad del peligro no se mide según esa escala. El golpismo brasileño actual no busca el derrocamiento directo del presidente electo Luiz Inácio Lula de Silva. Pero la sola invocación del Golpe como vía legítima para que el pueblo bolsonarista recupere el poder que le fue ‘birlado’ por las élites ‘anti-pueblo´ del PT es instrumento eficaz para rehusar toda legitimidad al mandato electoral del presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva.
