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viernes 26 de febrero de 2021
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La mano invisible de Aranguren

El ministro de Energía, Juan José Aranguren, evitó sancionar al menos a tres petroleras que incumplieron este año con su obligación de proveer gas a precio regulado para las garrafas, la fuente de calefacción que utiliza el 40 por ciento más pobre del país. Para no multarlas ni prohibirles exportar, como obliga a hacerlo la reglamentación vigente, y para evitar que se profundizara el desabastecimiento que generó ese incumplimiento, Aranguren ordenó a Enarsa que proveyera gas importado (más caro) a las fraccionadoras a través de Transportadora Gas del Sur (TGS) al precio al que debían venderles las petroleras. Así, el Estado terminó subsidiando las ganancias de esas compañías, sin impedir por ello que la garrafa de diez kilos —la más vendida— llegara a costar hasta 180 pesos en las localidades sin acceso a la red de gas natural.

La decisión de no multar a las petroleras ni obligarlas a suministrar el gas licuado de petróleo (GLP) que debían entregar a las fraccionadoras les permitió disponer de un mayor excedente para exportar, según consta en los registros públicos que lleva el propio Ministerio de Energía. Los informes técnicos que lo avalaron y los actos administrativos que lo ordenaron, a los que accedió Crisis, fueron suscriptos por el secretario de Hidrocarburos, José Luis Sureda, quien ocupó distintos puestos jerárquicos en Panamerican Energy (PAE) durante 15 años. Precisamente PAE fue una de las que no entregó las cantidades de GLP comprometidas antes del invierno, junto a las firmas Refinor y Capex, aunque hubo otras que también redujeron las entregas al mercado interno.

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