La cesión de datos de la ciudadanía desde la ANSES a la Secretaría de Comunicación afecta el derecho de la ciudadanía a conocer el destino de la información que cede al Estado; engaña al suponer que la ANSES recaba datos para fines publicitarios; distorsiona el acceso equitativo de los partidos políticos a los datos de la población; y sienta un peligroso precedente. El motivo de la cesión ordenada por Marcos Peña es perfeccionar un aparato de difusión más sofisticado que el de sus antecesores.
