martes 11 de diciembre

La posible proscripción de Lula

El próximo 24 de enero el ex-presidente de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva, será juzgado por el Tribunal Regional Federal de la 4ta. Región (TRF-4), en Porto Alegre, en el caso conocido como “Lava Jato”, en el que ya recibió una primera condena, por parte del juez Sérgio Moro. El caso, en términos formales, se resume en la acusación de que Lula habría recibido un triplex de 200 metros cuadrados en la ciudad de Guarujá, litoral paulista, de manos de la empresa de construcciones OAS (que figura y figuró siempre como dueña del inmueble), a cambio de adjudicarle 3 contratos con la Petrobras, durante el período en que fuera presidente de la nación. La condena es por lo menos polémica, porque el nombre de Lula no está en ninguna escritura del triplex –por eso, se le adjudica la “propiedad de hecho”, para la cual tendría que haber pagado, por años, impuestos del condominio- y tampoco tenía cargo en Petrobras, cuestión requerida para que pueda atribuírsele el delito de “corrupción pasiva”, que -según la ley brasilera-, es cuando un funcionario recibe bienes o dinero indebido a cambio de decisiones tomadas en función del cargo público que ocupa. Si se le atribuyera a Lula el crimen por el mero hecho de haber sido presidente, debiera mostrarse alguna prueba de cómo influyó sobre el Consejo de Administración de Petrobras, de modo de favorecer a OAS en las obras de construcción civil.

Según el Frente Brasil de Juristas pela Democracia, aun cuando Lula fuese condenado también por el Tribunal de la 4ta. Región, su candidatura a la presidencia seguiría vigente, hasta que, luego de la fecha de presentación de las fórmulas, el 15 de agosto, corran los 5 días dentro de los cuales deben presentarse impugnaciones. Éstas se harían según la ley de “ficha limpa” (o no tenencia de procesos judiciales para acceder a cargos públicos) (1). En ese caso (y aún en ese caso), el Tribunal Superior Electoral (TSE) debiera decidir sobre la legalidad o no de la candidatura a la que Lula se lanzó –o fue lanzado- hace meses.


Pero, cualesquiera sean los pasos a dar, el nivel de alarma en el activismo de izquierdas de Brasil por lo que puede suceder, ha llevado a una previsión de actos y demostraciones para el próximo 24, adecuados a la expectativa de una condena. Porque, dado el nivel de judicialización de la política brasilera, la crisis institucional radical de la que la ilegitimidad de Temer es una señera muestra y la reorganización en curso de las relaciones económicas que estos dos factores anteriores habilitan, es altamente probable que Lula sea condenado y luego excluido de la carrera por la presidencia. Se impediría así que el candidato con más intención de voto, que ganaría a todos los posibles contrincantes en segunda vuelta, no pueda competir (2). Y que la democracia brasilera, en estado de pendiente desde la asunción de Temer, conozca además la proscripción del liderazgo más resonante desde su recuperación.

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