Como casi todo en esa prolongada tensa calma con la que convive el Frente de Todos, la decisión de darle al campo un beneficio cambiario para que liquide dólares y le alivie la situación al Gobierno en plena carencia de divisas, es una especie de testeo de estabilidad política que está atado a resultados y evaluación de costos políticos de un tema espinoso e incómodo para el oficialismo. La idea final de avanzar en ese frente se tomó, según contaron fuentes de la Casa Rosada a Página/12, hace al menos quince días en una mesa compartida entre Economía, la AFIP, el ministerio de Agricultura y el Banco Central (BCRA). Antes de despegar hacia Washington y a pesar de las desmentidas iniciales de parte del Gobierno, la ministra Silvina Batakis ya conocía el detalle, que se trabajó con el presidente Alberto Fernández en las horas previas a su breve periplo por Estados Unidos.
El día mismo de la confirmación oficial, el titular del BCRA, Miguel Pesce, recibió un llamado de directivos de una cámara agraria apoyando la decisión y elogiando el sistema como importante para acelerar liquidaciones. Este miércoles, en tanto, Pesce junto al ministro de Agricultura, Julián Domínguez, mantuvieron una reunión con esos dirigentes del campo y con referentes agroindustriales para analizar el alcance e impacto del beneficio.
En ese encuentro participaron los bancos que ejecutarán el sistema, las cuatro entidades de la Mesa de Enlace (Federación Agraria, Sociedad Rural, Cra y Coninagro) las Bolsas de Cereales de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Bahía Blanca, Chaco y Santa Fe; el MATBA Rofex, corredos, acopiadores y exportadores de granos. Todos vieron a la medida como favorable con la excepción de consideraciones de aplicación técnica que plantearon los bancos. Algunos, incluso, adelantaron que venderán.
