Los fallos y contrafallos decididos por distintas instancias judiciales hasta que el conflicto por la presencialidad de las clases en la Ciudad se resuelva en la Corte Suprema generan la sensación de déjà vu, aunque con una singularidad: estos niveles de contagios y de muertes no se habían visto con la operación político-mediática armada alrededor de la supuesta salida indiscriminada de presos en abril de 2020 ni con el mediatizado reclamo de la Policía bonaerense a mediados del año pasado ni con las restricciones en comercios y bares decididos durante las fases más restrictivas del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). Aun con esa diferencia no menor, esta semana se repite la secuencia: al anuncio de Alberto Fernández le siguió, una vez más, un cacerolazo en Olivos y en varios puntos de la Ciudad.
Al día siguiente de los anuncios presidenciales, las tapas de los diarios Clarín y La Nación se hicieron eco de esa línea interpretativa. El discurso que se legitimó desde estos medios de gran alcance encuadró la educación en términos negativos, al quedar vulnerada por el cierre y el cercenamiento decididos por “un presidente aislado y caprichoso”.
El éxito del encuadre político-mediático opositor reside, nuevamente, en instalar los límites del debate y lograr que el arco oficialista salte a la arena desde una posición defensiva para justificar que se trata de una medida a favor de la salud de los argentinos y no en contra del derecho a que se eduquen. Con un plus: la dirigencia opositora logró anticiparse otra vez. Días antes, cuando las restricciones aún no se habían definido aunque aparecían en el horizonte político, las etiquetas ordenadoras de la discusión en Twitter presagiaron la disyuntiva entre “#abran todo” y “#cierrentodo”.
