Una de las máximas prácticamente indiscutida cuando se analiza el trabajo periodístico es que la calidad de las fuentes de información determina, en buena parte, la calidad de los medios. En teoría, son las fuentes quienes aportan los datos y significados básicos acerca de un acontecimiento e influyen en el encuadre que predomina en las noticias y, en última instancia, en los temas que se discuten públicamente.
Aunque parezca una obviedad, la información que suministran las fuentes no es independiente de su pertenencia a cierto sector o grupo de interés. Los periodistas acuden a ellas a sabiendas de esta condición y el vínculo que establecen deja huellas en las noticias. El fallecido editor jefe de Clarín, Julio Blanck, fue muy claro al respecto: “Siempre les digo a los periodistas que hagan trato con las fuentes: ‘No me mientas. Contame solamente la parte de verdad que te conviene, pero no me mientas’. Porque con los pedacitos de verdad que a cada uno le conviene nosotros tratamos de armar una noticia que sea la versión más confiable de lo que pasa”. En efecto, no es la variedad de fuentes consultadas sino de puntos de vista -y, en definitiva, de intereses- la que posibilita una amplia cobertura de determinado tema.
Los funcionarios de Gobierno tienen el acceso asegurado a los periodistas en la mayoría de los temas. La posición institucional que ocupan hace que tengan la capacidad de incidir en el curso de los acontecimientos más allá del contenido de los datos que aporten. Por eso, sus declaraciones son siempre factibles de ser convertidas en noticia. Es en tiempos de turbulencia política, y las contiendas electorales parecen ser un buen ejemplo, cuando otras voces no oficiales tienen mayores oportunidades de adquirir visibilidad en la arena mediática.
