lunes 28 de noviembre de 2022
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Las mil crisis de Perú y la «resistencia» de Pedro Castillo

El enfrentamiento sin pausa entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo peruanos, que comenzó en 2016 y se ha acentuado desde que asumió la presidencia el maestro rural Pedro Castillo, se acrecienta cada vez más. Los poderes del Estado se encuentran ocupados en su propia disputa y, como consecuencia, desatienden las situaciones acuciantes que vive buena parte de la población. El malestar por la situación socioeconómica peruana se percibe y crece en la mayoría de las regiones del país. Durante las última semanas, los damnificados por un grave derrame de petróleo han realizado nuevas manifestaciones frente a las oficinas de Repsol, del presidente del Consejo de Ministros y de la sede del Poder Legislativo. Al mismo tiempo, las mujeres de las llamadas «ollas comunes» marcharon al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para exigir presupuesto para 2023. A esta situación se suma la contrarreforma conservadora en educación y derechos sociales que ha impuesto la oposición parlamentaria a Castillo. Esa oposición es asesorada por los más experimentados ex-congresistas del fujimorismo.

Lo cierto es que Perú acabó noqueado por la pandemia y todavía no logra levantar cabeza. Es, de hecho, el país del mundo con más muertes por covid-19 registradas por millón de habitantes. Pero la crisis no termina allí: en 2020 la pobreza alcanzó a 30% de la población -aunque bajó a 25% el año pasado- y en 2021 el empleo informal ascendió a 78%.

Aunque al inicio del gobierno de Castillo, el entonces ministro de Salud Hernando Zevallos propuso la integración de los servicios estatales —fragmentados y precarios, cosa que aprovecha la sanidad privada para tener más clientes—, el funcionario solo duró seis meses en el cargo. Los siguientes nombrados a la cabeza de ese ministerio clave en estos tiempos han sido producto de las cuotas de Perú Libre, el partido por el que Castillo fue candidato y al que terminó renunciando. Los dos siguientes ministros de salud usaron el Estado para hacer negocios, no para resolver los problemas de atención en los establecimientos. Castillo, que llegó a la presidencia ofreciendo una Asamblea Constituyente para declarar la salud y la educación sean derechos fundamentales, no avanzó en ello debido a los candados que colocó el Congreso y al rechazo de la elite económica y mediática a una nueva Constitución: la consideran un retroceso y una vía hacia el «comunismo». 

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