jueves 9 de diciembre de 2021
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Las preguntas que debía responder el fiscal

La sala II del Anexo del Congreso era el lugar previsto para que el fiscal Alberto Nisman concurriera a la Comisión de Legislación Penal a informar sobre su denuncia contra la Presidenta y el canciller por el caso AMIA. El fiscal sostuvo que se pactó la impunidad de los sospechosos iraníes a través de la creación de una pista falsa en la que se le atribuiría el ataque a “fachos locales”; se pactó el levantamiento de las señales rojas y luego un acuerdo de intercambio económico de petróleo iraní por granos argentinos. El fiscal hubiera tenido un problema grave para explicar mañana: ninguna de esas cosas ocurrió. Ni hubo pista de fachos locales ni se levantaron los alertas ni se compró una gota de petróleo a Teherán. Además, Nisman dijo que gran parte de la maniobra, que comenzó hace cuatro años, recayó en un agente de la Secretaría de Inteligencia (SI). Es decir que el principal socio del fiscal, el poderoso jefe de Operaciones de la SI, Jaime Stiuso, quien manejaba la Secretaría a su placer, tuvo bajo su mando a un agente que supuestamente trabajó para Irán y que él nunca denunció ni relevó. Nisman presentó un pedido de que se levante el secreto y que ese agente declare. La voluntad del Gobierno, como lo hizo en el caso AMIA anteriormente, es levantar toda veda y que el agente señalado declare. El problema es que la denuncia de Nisman todavía no da las precisiones ni pruebas necesarias para que la Presidenta redacte el decreto.

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