El anuncio del Alberto Fernández de llevar a la justicia el acuerdo que hizo Mauricio Macri con Christine Lagarde en 2018 por el que se otorgó al país el mayor crédito de la historia del FMI, unos 44 millones de dólares, se enmarca en las empantanadas negociaciones que está llevando adelante el ministro de Economía Martín Guzmán y su equipo con Fondo. Apenas terminó el discurso presidencial, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció que elevó a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y a la Oficina Anticorrupción (OA) toda la documentación vinculada al último acuerdo firmado por la Argentina con el organismo para determinar si generaron perjuicios al Estado. Según pudo saber Tiempo Argentino por fuentes del Banco Central, la SIGEN y la OA van a llevar adelante la investigación y a partir de ahí se irá a la Justicia. Más allá de los resultados concretos que pueda tener a nivel judicial o económico, el proceso pondrá en la discusión pública las condiciones oscuras en que se llevó el acuerdo.
«Endeudar al país de ese modo, permitir que los recursos que ingresaron solo hayan posibilitado la más asombrosa fuga de divisas que nuestra historia registra y que la toma de semejante crédito haya sido resuelta entre gallos y media noche, sin intervenciones jurídicas y técnicas previas, con total irresponsabilidad y a espaldas de este Congreso Nacional, no puede ser visto de otro modo que no sea una administración fraudulenta y una malversación de caudales públicos como nunca antes habíamos registrado», dijo Alberto Fernández ante el Congreso. Y agregó: «Por eso he instruido a las autoridades pertinentes para que formalmente inicien querella criminal tendiente a determinar quienes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra».
