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lunes 12 de abril de 2021
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Lecciones a distancia para el superministro estudioso

Que el Fondo Monetario haya vuelto a blasfemar contra la ortodoxia económica en el comunicado con el cual despidió a Martín Guzmán tras su visita a Washington es todo un triunfo teórico para el discípulo de Joe Stiglitz. Que el texto admita que la inflación es «un fenómeno multicausal» y que reducirla requiere «esfuerzos de coordinación para ayudar a anclar las expectativas» avala incluso las multas que impuso la Secretaría de Comercio a grandes empresas que especulan con sus stocks, tal como lo había hecho la semana pasada otro paper donde el FMI advirtió que la pandemia podría incrementar el «poder de mercado» de ciertas compañías para remarcar. Pero las lecciones de la semana para el más estudioso del gabinete no fueron teóricas sino prácticas. Las impartió a la distancia Cristina Fernández de Kirchner y no solo en el discurso donde fulminó a quienes en ese mismo momento se sentaban a negociar con el jefe del Palacio de Hacienda.

El establishment procura dilucidar si el discurso de la vicepresidenta en Las Flores fue una jugada preparada o una amonestación. Si el Gobierno juega al policía bueno-policía malo o si la accionista mayoritaria de la coalición decidió finalmente ocupar el directorio. Para entenderlo conviene prestar más atención a una pulseada a punto de definirse: cuánto aumentarán desde abril las tarifas de luz y gas, una contracara del ajuste fiscal que propuso Guzmán en el Presupuesto 2021 que interesa especialmente al Fondo Monetario porque los subsidios para contenerlas ya insumen un 1,7% del PBI.

La discusión tuvo un punto de inflexión un mes atrás, el 19 de febrero, cuando Axel Kicillof volvió al que fuera su despacho como ministro durante el último gobierno de Cristina, esta vez para una visita secreta y fugaz. Guzmán lo recibió junto al secretario de Energía, el neuquino Darío Martínez. Fueron también los dos «Fedes», Basualdo y Bernal, delegados directos de la vicepresidenta que controlan respectivamente el Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Regulador del Gas (Enargas), empoderados por decreto pocos días antes de Navidad para llevar adelante la Revisión Tarifaria Integral (RTI) de ambos servicios.

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