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sábado 28 de noviembre de 2020
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Ley de rotulado frontal: exceso de lobby

Siete días atrás Argentina estaba cerca de tener un rotulado frontal de alimentos con octágonos negros de advertencias para productos con exceso de azúcar, grasa, sal y calorías, y también para productos con cafeína y edulcorantes no recomendables especialmente para las infancias. A pesar de las presiones de Coca Cola que intentaron afectar el proyecto hasta último momento, el modelo que inauguró Chile y perfeccionó México se plasmó en una ley que tuvo el respaldo de sesenta y cuatro senadores y sólo tres votos en contra (los legisladores de las provincias azucareras). Los argumentos que dieron para oponerse fueron entre desopilantes y bizarros: que se estaba demonizando a ese ingrediente que era orgánico y natural, que no se estaba teniendo en cuenta el hambre, que las barritas de cereal light iban a tener advertencias como los yogures…

Apenas la ley obtuvo dictamen favorable en Senadores, en cuestión de horas el jefe de la cámara de Diputados (hacia donde avanzó el proceso legislativo de aprobación), Sergio Massa, viajó al norte del país. A Tucumán, una de las provincias que lidera a la industria azucarera argentina y prometió a los gobernantes “atender la potencia que tiene el sector azucarero”.

¿Qué significaba esa promesa? Que iba a desenfundar la primera de las estrategias que han sido empleadas sistemáticamente para obturar el rotulado frontal en cualquier país que se le haya animado: la demora. Sergio Massa pasó el proyecto de ley a seis comisiones para que fuera debatido antes de ingresar al tratamiento oficial. Eso podría significar una postergación de años. El escándalo estalló en redes sociales bajo el hashtag #ExcesoDeLobby, lo que obligó a Massa a reducir el mismo día las comisiones a la mitad, aunque no hay garantía de que el proceso se agilice.

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