Son paseadores de perros, lustrabotas, pileteros, vendedores ambulantes, depiladoras, pescadores, cocineros de merenderos, cartoneros. La economía popular –que integran personas que se “inventan su trabajo” y están por fuera del mercado formal– es un universo muy amplio, que recién en julio de 2020 empezó a dibujar sus bordes mediante la puesta en marcha de un registro del Gobierno Nacional. Si bien se estima que es solo la punta del iceberg, el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (Renatep) ya tiene 3,5 millones de inscripciones y su última actualización arroja el siguiente resultado: en diez provincias del país ya hay más trabajadores y trabajadoras de la economía popular que asalariados privados registrados.
Santiago del Estero, Chaco –donde la diferencia se acerca a las 200.000 personas–, Salta, Formosa, Jujuy, Misiones, Tucumán, Catamarca, Corrientes y La Rioja son las provincias que tienen un mayor volumen de inscriptos en el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (Renatep) que asalariados privados en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Los números le dan fuerza a una postura que defienden distintas organizaciones sociales: la economía popular no es una economía de subsistencia que contiene excepcionalmente a los argentinos y argentinas en momentos de crisis, sino un modo de producción distinto que debe ser reconocido en su particularidad y que se estima que incluye a alrededor de 8 millones de personas en el país.
