Luego del fallo de la Corte, Acosta, Astiz, Rádice, Cavallo y Donda quedaron en condiciónes de pedir su libertad

Jorge “Tigre” Acosta, Alfredo Astiz, Jorge Rádice, Ricardo Cavallo, Adolfo Donda. Cinco nombres bien conocidos. Son represores emblemáticos de la ESMA. Fueron condenados a prisión perpetua en 2011 por los secuestros, torturas, violaciones, homicidios y las aberraciones sistemáticas cometidas en ese centro clandestino de detención, uno de los más grandes que funcionó en la última dictadura. Ahora condensan (apenas) la primera muestra de quienes quedaron en condiciones de obtener el beneficio de reducción de la pena por la ley del 2×1, que a pesar de que rigió en un período en que estaban libres y sin proceso judicial gracias a las leyes de impunidad, la Corte Suprema considera que les resulta aplicable por el criterio de la “ley penal más benigna”. Es más, algunos de ellos ya lo habían pedido, anticipándose. Es probable que la mayoría de los acusados por apropiación de hijos de desaparecidos aspiren a salir en libertad, ya sea porque recibieron penas más bajas luego de estar en prisión preventiva, o porque reclaman que se les aplique un tipo penal más benévolo. Ayer mismo presentó un planteo el ex capitán del Ejército y apropiador de Francisco Madariaga, Víctor Gallo, para que le rebajen la pena, invocando la sentencia del máximo tribunal.

Después del fallo de la Corte que aplicó anteayer el “2×1” al represor Luis Muiña, condenado por crímenes de lesa humanidad en el Hospital Posadas, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad comenzó a hacer un análisis preliminar que permita proyectar los efectos que traerá la decisión. A última hora de ayer habían llegado a relevar 343 sentencias condenatorias y concluyeron que 278 represores sentenciados están en condiciones de pedir el beneficio del 2×1 y quedar libres, lo que representa el 52 por ciento de los condenados que están bajo arresto. La llamada ley del 2×1 estuvo vigente entre 1994 y 2001, cuando fue derogada, y previó que pasados dos años de prisión preventiva sin condena se debían computar dobles los días de detención. Fue un período en que no era posible juzgar los secuestros, homicidios y desapariciones forzadas porque regían las leyes de Punto Final y Obediencia de Vida, invalidadas en 2005. Sí existían algunos juicios por apropiación de niños y robo de bienes, que avanzaban con dificultad.