Esta tarde, la sala segunda del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil debía analizar un habeas corpus presentado por la defensa de Luiz Inácio Lula da Silva, en prisión desde abril del año pasado. Sin embargo, todo indica que se impondrá una maniobra para postergar la discusión, posiblemente hasta agosto. Los abogados del expresidente piden la nulidad del proceso y su libertad inmediata. Argumentan que el exjuez Sérgio Moro, ahora ministro de Justicia y Seguridad Pública de Jair Bolsonaro, actuó de forma parcial y cometió ilegalidades que impidieron un juicio justo.
El recurso es del año pasado, pero el juez Gilmar Mendes lo había liberado ahora, cuando Moro está en el ojo de la tormenta. Sus diálogos con el fiscal Deltan Dallagnol y otros miembros de la operación Lava Jato publicados por The Intercept —ahora también con la colaboración del periodista Reinaldo Azevedo y del diario Folha de São Paulo— evidencian que las presuntas ilegalidades denunciadas por la defensa de Lula da Silva formaban parte de algo mucho más grave. Y es que, en este momento, no solo está en duda la legitimidad del juicio contra el expresidente, también está en riesgo la credibilidad de la Lava Jato y, de paso, de la democracia brasileña.
La Lava Jato inició en 2014 con un caso de lavado de dinero y fue ampliada por una cadena de delaciones que implicaron a empresarios y políticos. Se trató del caso judicial más importante de corrupción en Brasil y también en América Latina. Sin embargo, las conversaciones de Moro parecen confirmar que la investigación está contaminada por las ambiciones mesiánicas del exjuez y por un afán político. Esto tiene implicaciones muy peligrosas: las decisiones en los últimos cinco años de Sérgio Moro han impulsado un proceso político que ha sido profundamente tóxico para la democracia brasileña, debilitó a los partidos políticos y terminó por pavimentar la victoria de Bolsonaro, un líder autoritario que hizo del discurso de odio contra las minorías su principal bandera política.
