viernes 3 de diciembre de 2021
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Maniobras electorales en nombre de Nisman

Con la denuncia y posterior muerte del fiscal Nisman se desencadenó una de las crisis políticas más intensas de los últimos 30 años. Su muerte ha quedado inscripta en la conciencia popular como un crimen político asociado a la masacre impune de la AMIA, a la criminalidad del Estado y de sus servicios de inteligencia. Ésta es la esencia de la grave crisis política e institucional que envuelve al Gobierno, a la oposición y a los tres poderes del Estado.

¿Qué papel juegan el oficialismo, la oposición y las instituciones para superar esta crisis ante el repudio social generalizado? Tanto el Gobierno como la oposición, y hasta los fiscales, repiten que «hay que dejar actuar a la Justicia» y «preservar su independencia». Es hipócrita. Son los mismos que en los últimos años facilitaron o aceptaron las presiones de la ex SIDE sobre jueces y fiscales.

La única iniciativa del oficialismo para recuperarse del shock de la muerte del fiscal fue apurar una ley que, en nombre de «disolver» la Secretaría de Inteligencia, propone una reestructuración que agrava todos los problemas que dijo venir a resolver: recontrata a todos los espías para ponerlos bajo la dirección del general Milani; impide el acceso a la información secreta por los próximos 25 años, incluso para el juez que se atreva a pedirla, y facilita el manejo espurio de los fondos públicos para sus actividades delictivas. Es una ley que refuerza el secreto, viola la legislación interna y genera más impunidad. Una nueva manipulación política, ahora en nombre de Nisman y sin esclarecer el atentado contra la AMIA.

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