miércoles 20 de febrero

Manual para distraídos: así de legítima y democrática fue la reelección de Nicolás Maduro

La profundización de la crisis política venezolana generó en los últimos días una nueva situación rocambolesca que, ante los ojos de quienes no siguen con atención el derrotero hacia el abismo de la nación caribeña, puede resultar algo confusa. El 10 de enero, Nicolás Maduro reasumió como Presidente de la República Bolivariana por un nuevo período de seis años. Su legitimidad emanaba de los insólitos comicios del 20 de mayo de 2018, que la oposición, observadores internacionales y la mayoría de las democracias occidentales no habían reconocido como válidos. En ese contexto, el miércoles 23 de enero, ante una multitud que salió a las calles de Caracas para protestar contra el régimen chavista, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, alegó que, estando la Presidencia vacante y siguiendo los procedimientos establecidos por la Constitución venezolana, asumía las responsabilidades del Poder Ejecutivo de manera interina para poder convocar a elecciones libres y restaurar el sistema democrático.

La mayoría de los países de América se apuraron a reconocer a Guaidó como única autoridad legal de Venezuela. La Unión Europea, más cauta, no llegó a ese pronunciamiento explícito pero también tomó distancia de Maduro y le reclamó que realice nuevas elecciones. En respaldo de Maduro sólo se expresaron autócratas como Vladimir Putin y Recep Erdogan, los pocos socios que le quedan en la región (Bolivia, Cuba, Nicaragua y El Salvador) y fuerzas políticas aliadas como el PT de Brasil y el kirchnerismo en Argentina. Sus voceros salieron a revindicar a el heredero político de Hugo Chávez como único presidente “democrático” y “legítimo” y calificar la proclamación de Guaidó como un “golpe de Estado”.


Si el debate sobre cuál es la salida más satisfactoria para el descalabro venezolano puede estar abierto, calificar las elecciones de 2018 como transparentes, democráticas y legítimas parece un exceso inadmisible para cualquiera que respete el estado de derecho. En algunos casos, ocurre por cinismo o pura especulación política. En otros, por simple ignorancia.