miércoles 21 de noviembre

Mariano Ferreyra: el encubrimiento

En el verano de 2011, Luis Ameghino Escobar tenía 36 años. A los diecinueve había elegido la misma carrera que su padre, quien había sido juez. Para entonces era prosecretario en la Cámara Federal de Casación Penal, el tribunal penal de mayor jerarquía del país, el que revisa procesamientos, condenas, absoluciones, encarcelamientos, el último escalón antes del vértice de la pirámide. “Casación” está integrada por doce jueces divididos en cuatro salas -Sala I, Sala II, etcétera. En las semanas anteriores al 26 de enero de aquel año, participaba de una negociación telefónica entre varias partes. Como trabajaba en la oficina de sorteos, que asigna a qué jueces les toca cada causa que llega a la Cámara, los otros nudos de la trama lo llamaban “el señor de las teclas”.

Ángel Stafforini tenía 65 años, hacía veintiséis que trabajaba como contador en la Unión Ferroviaria (UF), el sindicato de los trabajadores de trenes, y desde 2007 era vicepresidente de Belgrano Cargas S.A, una empresa del sindicato. La UF estaba en problemas: el 20 de octubre de 2010, durante una marcha y por orden de José Pedraza, su secretario general, un grupo atacó a balazos a trabajadores tercerizados y asesinó a Mariano Ferreyra, militante del Partido Obrero. La Policía Federal había colaborado despejando la zona. Una semana después del crimen, había muerto el expresidente Néstor Kirchner. Desde fines de noviembre, había siete procesados como presuntos autores y se acercaba el momento en el que Casación tendría que intervenir. En el río revuelto, algunos pensaban que podían pescar. El 1 de febrero de 2011, Stafforini sacó 50.000 dólares de una caja de seguridad del Banco Galicia, en cinco fajos de cien billetes de cien, los metió en un sobre que decía “Octavio” y los llevó a una oficina en la calle Viamonte al 1400, a la vuelta de Tribunales.


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