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viernes 30 de octubre de 2020
Periodismo . com

Mientras la industria trata de readaptarse, una forma antigua persiste: la solicitada de periodistas

¿Qué afecta más a la libertad de expresión: la cultura de la cancelación, decir que Lanata es al periodismo como Astiz a los derechos humanos o que los servicios secretos de inteligencia de un país espíen a un periodista que investiga los negocios de quien los dirige? ¿Repudiar masivamente una columna de opinión hasta lograr echar a su editor responsable o reclamar que el periodismo se ejerza con reglas en cuanto a la relación con fuentes y con el poder?

Podría seguir indefinidamente: la coyuntura es inspiradora. En las últimas semanas el derecho a la libertad de expresión volvió a ser enarbolado y también disputado por una miríada de profesionales de los medios, funcionarios públicos, gente que trabaja con las palabras. Una carta de Harpers denunciaba persecuciones en Estados Unidos que amenazan una esfera pública saludable; una campaña masiva que involucra a 60 organizaciones de derechos humanos llamaba la atención a la comunidad internacional sobre la persecusión política del gobierno filipino a cargo de Rodrigo Duterte sobre la periodista Maria Ressa, renombrada y famosa fundadora del sitio Rappler.

Y en Argentina, dos solicitadas firmadas por periodistas más y menos conocidos disputaban la definición de libertad de expresión y de sus potenciales amenazas, en una atmósfera frenética que la misma semana siguió con un diputado opositor hostigando a una periodista en su cuenta de Twitter, una vicepresidenta retuiteando una parodia en la que se burlaba de otro periodista, y un grupo de manifestantes agrediendo violentamente a periodistas de un canal de televisión. ¿Es todo lo mismo? No, pero todo eso -y más- pasó en las últimos semanas.

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