Tras casi cien días de negociaciones, los partidos políticos chilenos firmaron el 12 de diciembre un acuerdo para iniciar un nuevo proceso constituyente, luego de que la propuesta de nueva Constitución fuera rechazada en el plebiscito del 4 de septiembre. Este «acuerdo 2.0», bautizado como «Acuerdo por Chile», busca hacer realidad, por un lado, la promesa del bando del rechazo al texto de avanzar a una opción más moderada que la propuesta aprobada por la Convención Constitucional, y rechazada en las urnas el 4 de septiembre pasado, para dejar atrás la Constitución de 1980 y sus enclaves autoritarios. Y por el otro, responde al anhelo del gobierno de despejar el camino de la agenda constitucional y así poder centrarse en las reformas clave del gobierno en el Congreso: tributaria, pensiones, salud y seguridad pública.
El acuerdo ha dividido a la derecha, entre cuyas filas se encuentra en 21,7% que en octubre de 2020 votó por mantener la Constitución de 1980. El Partido Republicano y parte del Partido de la Gente rechazaron el acuerdo, argumentando que repite los errores del proceso anterior. En la izquierda, en tanto, el respaldo fue amplio, a diferencia de lo que ocurrió en el proceso anterior, cuando el Partido Comunista se negó a firmar el «Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución». Aun así, sectores de izquierda han expresado suspicacias de que un nuevo proceso, ahora más controlado por la derecha, termine por «blanquear» con reformas mínimas el modelo social y político instaurado por la dictadura.
