domingo 20 de enero

Nueva seguridad: más controversia política que impacto real

El anuncio de la compra de 300 pistolas Taser, la intención de expulsión de mil extranjeros y el envío de un proyecto de régimen penal juvenil (RPJ) fueron los tres anuncios cuidadosamente seleccionados en estos días para engrosar una agenda de seguridad tan rica en fuertes controversias como débil en acciones con impacto en la realidad de los problemas. Ciertamente, dotar con un arma no letal al 0,3% de los miembros de fuerzas federales, echar al 0,05% de los extranjeros que viven en nuestro país y bajar la edad de imputabilidad relativa de menores de 16 a 15 años pertenecen al mundo de las piezas comunicacionales, antes que al de las políticas orientadas a mejorar el ejercicio de la fuerza pública, responder a los inmigrantes delincuentes y prevenir o retrasar el inicio de las carreras criminales.

De las tres cuestiones, la referida a los menores y su responsabilidad penal es la más importante, compleja y polémica. Lamentablemente, la motivación electoral –nobleza obliga, siempre presente cada vez que se introdujo el tema en la agenda– ha enmarcado el debate de una forma que no conduce a responder a los desafíos para construir un nuevo consenso sobre la política hacia los menores en Argentina.


El primero de ellos: ¿es necesario adoptar un nuevo RPJ en Argentina? La respuesta es afirmativa, y dos argumentos concurren para sostenerla. Uno proviene del campo de los derechos humanos, que cuestiona a la actual legislación –de corte tutelar– por no reconocer garantías procesales al menor acusado y por otorgarle discrecionalidad al juez para disponer la severidad y modalidad de ejecución de la sanción.