lunes 10 de diciembre

Open Arms: Italia quiere frenar la crisis migratoria acusando de tráfico humano a las ONGs

La crisis migratoria del Mediterráneo, que tantos trágicos titulares nos daba hace unos años y tantos conflictos políticos ha arrastrado en la eurozona, va poco a poco amainando. Si la ruta de la muerte entre Libia e Italia nos dejaba un saldo de 363.000 hombres rescatados en alta mar en 2016, en 2017 la cifra ha bajado a 171.000. Las medidas restrictivas también van cada vez a más: desde hace dos años la UE ha implementado cierres en las rutas más frecuentadas, y Bruselas envió 200 millones para ampliar la formación de los guardacostas libios y financiar los retornos voluntarios.

Ese es el ambiente en el que trabajaba hasta la semana pasada el barco español Open Arms, ahora confiscado y a cuyos miembros les está acusando el fiscal de Catania de “tráfico de personas” y “asociación criminal”, mientras los voluntarios se escudan en que haber dado a los migrantes al barco libio que los requería y que llegó a hacer disparos al aire equivaldría “a llevar una devolución en caliente”, lo que contraviene el Estatuto de los Refugiados de la ONU. Se trata de un conflicto diplomático en el que se entremezclan protocolos de actuación, cuestiones de legalidad internacional e intereses supranacionales.


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