En una oficina de la calle Chacabuco, cerca de la Plaza de Mayo, una decena de monitores muestran cada día 230 reportes de delitos de pornografía infantil. La oficina es angosta y fría. Tiene muebles de fórmica blanca y un ventanal de vidrios opacos. No es extraño que nadie quiera hacerla su territorio: aquí, con esos avisos que llegan desde Estados Unidos, es donde comienza la mayor cantidad de investigaciones judiciales locales para casos de porno de niños.
Las computadoras están conectadas a través de una VPN (virtual private network: una red privada virtual) al National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), una ONG estadounidense que rastrea en Internet e informa casos de pornografía infantil. Todos los que revelan origen argentino (por ejemplo, una IP) son derivados al Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. Y desde ahí, a las provincias.
“Ver las imágenes de la pornografía infantil es terrible”, dice Enrique del Carril, el director del Cuerpo de Investigaciones Judiciales. “Nosotros tenemos una psicóloga que monitorea a nuestros analistas, que tienen que ver todo el día estas imágenes tan perturbadoras”.
