El informe anual de la Procuración General bonaerense que dio cuenta de un incremento de delitos en la provincia entre 2017 y 2018 le bajó el tono al pregonado combate contra la inseguridad, uno de los caballitos de batalla del oficialismo rumbo a las elecciones. Especialistas en seguridad y derecho penal consultados por este diario señalaron que las estadísticas oficiales, aun con las restricciones metodológicas que tiene el reporte, realizado a partir de las investigaciones penales preparatorias (IPP), dan indicios de que la política manodurista y rimbombante del Gobierno no dio resultados para bajar los delitos violentos. Y sí, en cambio, para criminalizar a ciertos sectores sociales y perseguir personas por tenencia de drogas para consumo personal.
El relevamiento consigna que aumentaron en términos interanuales las denuncias por robos, los hurtos y hurtos agravados, las estafas, los homicidios agravados, los delitos contra la integridad sexual y la infracción a la ley de drogas, entre otros. De acuerdo a los entrevistados, los datos dan indicios para pensar que, en contextos de deterioro social donde crecen las economías ilegales y el entramado de violencia, el modelo de prevención del delito del oficialismo, que no sigue las dinámicas delictivas sino que satura territorios con presencia policial, resulta más efectista que efectivo.
