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martes 2 de marzo de 2021
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¿Por qué el Estado falló en cuidar a Úrsula?

El lunes 8 de febrero el oficial de la Policía Bonaerense Matías Ezequiel Martínez, 25 años, llegó al edificio de la Ayudantía Fiscal de Rojas, una ciudad del noroeste de la provincia de Buenos Aires de menos de 20 mil habitantes. Lo habían citado para informarle que sobre él pesaba una medida perimetral para que no se acercara a su ex novia, Úrsula Bahillo. Le dijeron cuáles eran las consecuencias que podía tener si violaba la restricción de 200 metros y se fue. En total, había tres denuncias y dos ampliaciones de Úrsula por violencia de género. Horas más tarde y ya fuera del Juzgado, Martínez llevó a la adolescente de 18 años a un descampado de la localidad de Guido Spano y la mató a puñaladas. Después intentó suicidarse.

Las denuncias de Úrsula no eran el primer antecedente de violencia de género de Martínez. Tenía otras de una ex pareja que hicieron que la fuerza policial lo traslade a Salto.

En la nueva ciudad tuvo otra novia y terminó denunciado por abuso sexual de la hermana de ella, una chica con una discapacidad. La segunda causa judicial tampoco derivó en que le dictaran la prisión preventiva contemplada en el Código Penal para estos delitos. Martínez gozó otra vez de los beneficios de la fuerza y consiguió un nuevo traslado, esta vez a San Nicolás. En libertad, esperaba el inicio del juicio con licencia psiquiátrica desde septiembre.

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