La denuncia ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU del lawfare y de la parcialidad de la Corte, el pedido de juicio político a los miembros de la Corte en el Congreso, las denuncias de las provincias de Buenos Aires y Santiago del Estero contra Silvio Robles, asistente del titular de la Corte, así como otras vías en las que se expresó disconformidad con la actuación del Poder Judicial, no son invento del Frente de Todos, sino la eclosión del sordo malestar que fue acumulando la sociedad. En todas las encuestas, el sistema de administración de justicia aparece como el menos confiable. Sólo uno de cada diez argentinos confía en el sistema judicial. En 2019, la Universidad San Andrés dictaminaba que el 80 por ciento tenía mala imagen de la Corte y que esa repulsa se mantenía desde el 2016.
El rechazo obtuso de Juntos por el Cambio al pedido de juicio político a los cuatro jueces que integran el alto tribunal, más que de los magistrados es una defensa de sí mismos como fuerza política. El Poder Judicial, al igual que los otros poderes de la República está integrado por seres humanos, no es perfecto, y muchas de las prácticas que ahora se denuncian, existían antes. Pero fue la alianza que se reunió alrededor de Mauricio Macri la que aplicó en forma sistemática el copamiento de áreas estratégicas del Poder Judicial para lanzarlas a la persecución, humillación y proscripción de sus adversarios políticos.
