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miércoles 28 de julio de 2021
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Portazo de Rafecas por destrato y nueva ley desacomoda al Gobierno (que busca reemplazo)

El candidato oficial a la Procuración General, el juez federal Daniel Rafecas le quitó la espoleta a la granada y provocó un cimbronazo político cuya magnitud todavía es difícil de mensurar, por la dispersión de esquirlas. A través de una publicación en la red social Instagram anunció que si el Gobierno avanza en la reforma de la Ley de Ministerio Público Fiscal –acotando mandato y flexibilizando las mayorías para el nombramiento- iba a declinar su postulación a jefe de los fiscales. En lo concreto, no solo se bajó de la carrera (prácticamente), sino que comprometió seriamente (en los hechos) la artesanal recolección de voluntades en Diputados que encara el oficialismo para poder avanzar en la modificación, en los términos que fueron adelantados por Ámbito. Tal como subrayó este diario en su edición de ayer, nadie del oficialismo –en todos estos meses- se había puesto en contacto con el magistrado desde que Alberto Fernández lo postuló y que su audiencia pública en el Senado había quedado en stand by, lo que hacía peligrar su acompañamiento del que pretendía ser el primer éxito judicial para el Gobierno. Ese “destrato” fue uno de los argumentos que más pesó para que Rafecas decidiera reafirmar su advertencia de agosto pasado, cuando por primera vez alertó que no tomaría el cargo si por ley se disminuían los requisitos de dos tercios.

Pero el posteo de Rafecas, leído entre líneas, tuvo otro blanco: Cristina de Kirchner. La Comisión de Acuerdos del Senado –territorio de la vicepresidenta- jamás lo convocó desde que cosechó los avales a su postulación, luego de que Fernández lo propusiera el 17 de diciembre de 2019. Cerca del juez sospechan que el kirchnerismo duro prefiere otro perfil para la jefatura de los fiscales. Y que eso explicaría por qué no hubo contactos ni oficiales ni oficiosos durante todo este proceso: no fue convocado por las comisiones del Senado (cuando se debatió la modificación); no mantuvo diálogo con el ministro de Justicia Martín Soria; ni tampoco fue invitado a exponer ante Diputados, en la reciente ronda de consulta. El silencio desde la Comisión de Acuerdos terminó por configurar la bomba que se conoció ayer y que repercutió en el extremo malestar que atravesó al Gobierno anoche. “Más allá de que el cargo sea vitalicio o temporario, es indispensable que el procurador general tenga el consenso político suficiente para ejercer un cargo de tanta relevancia institucional, para lidiar con la Corte Suprema y para encarar reformas estructurales a nivel federal”, escribió. “Ese consenso recién se pone en juego en la audiencia pública, a la que todos los candidatos anteriores accedieron (con distinta suerte), y que no se cumplió en mi caso. De haberse concretado esa audiencia en el Senado, estoy seguro que ese consenso hubiese sido alcanzado”, se lamentó. El disparador de lo que consideró un “desplante” provino de los labios del propio Presidente, cuando explicó en una entrevista en C5N, que fue la oposición la que no prestó el acuerdo de dos tercios y que por eso el oficialismo decidió modificar la ley.

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