Al proponer su reforma judicial, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha dicho que estaba restableciendo el equilibrio de poder entre los legisladores electos y los jueces no electos. “No es el fin de la democracia, es el fortalecimiento de la democracia”, dijo Netanyahu la semana pasada, antes de que una enorme ola de protestas y descontento civil lo obligara a posponer esas propuestas.
Pero el argumento legalista de Netanyahu ocultó lo que estaba en juego y el clamor en las calles ha reflejado el éxito de sus oponentes para persuadir a los israelíes de que el plan en realidad amenazaba con socavar la democracia del país, y no buscaba fortalecerla.
Para eso ha sido clave el ejemplo de otros países en los que la reducción del poder judicial se ha convertido en una herramienta para herir de muerte a la democracia. “Hemos estudiado esta dimensión de la llamada reforma judicial en Hungría, Polonia y Turquía y ya sabíamos lo que se avecinaba”, declaró Yaniv Roznai, profesor de Derecho de la Universidad Reichman de Herzliya, Israel, que se ha opuesto al plan de manera rotunda.
