La vacunación irregular de funcionarios, empresarios y otras personalidades realizada en el Ministerio de Salud de la Nación, que se conoció el viernes último a partir del relato del periodista beneficiado Horacio Verbitsky y que derivó en la renuncia del titular de esa cartera, Ginés González García, abrió el debate sobre las sanciones penales (además de las ético-morales) que podrían caberle a quienes permitieron estas prácticas y a quienes aceptaron saltarse el orden de prioridades y aplicarse la vacuna.
Chequeado consultó a especialistas para conocer en qué delitos podrían haber incurrido y qué tipo de sanciones podría caberles a los funcionarios que autorizaron o promovieron que hubiera privilegios en el acceso a las vacunas COVID-19 que, en el contexto de pandemia, son un bien preciado y escaso en la gran mayoría de los países del mundo y no se comercializan sino que las distribuye el Estado de acuerdo con protocolos.
