Qué está bien y qué está mal del DNU de extinción de dominio

Sorpresivamente, en pleno receso del Congreso, el Presidente de la Nación decidió regular por decreto de necesidad y urgencia (en adelante DNU) un proceso civil de extinción de dominio. En los párrafos siguientes analizaré luces y sombras de este anuncio pero antes una aclaración: quienes estudiamos y trabajamos temas de recupero de activos imploramos desde hace muchos años que la dirigencia política se digne a reformar el precario sistema de recupero previsto (básicamente, en el art. 23 del Código Penal). Para algunas observaciones y propuestas breves en notas de opinión, véase, por ejemplo, lo que publiqué aquí, aquí, aquí y aquí. Pero, como en todo, las cosas se pueden hacer bien o se pueden hacer mal.

La extinción de dominio estuvo mal planteada desde el día uno, cuando la Cámara de Diputados le tiró por la ventana a la ciudadanía un proyecto «copypasteado» de la ley de un país vecino para acallar los reclamos sociales a pocos días del escándalo de los bolsos de José López. Siguió peor, claro, cuando el kirchnerismo y buena parte del peronismo en el Senado lo metió en el freezer para proteger a sus propios compañeros de banca.


Continuó el camino del ridículo cuando el peronismo sacó del Senado una reforma que prácticamente no cambiaba en nada el sistema vigente y que nos vendía como novedosa una acción civil indemnizatoria en el proceso penal que ya existe. No debe sorprender, pues, que ahora terminemos en un DNU, la herramienta que todos los presidentes blanden apenas advierten que sus sueños de cambio no se condicen con sus porotos legislativos.