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viernes 24 de septiembre de 2021
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Reforma judicial en Argentina: contra las certezas robóticas y el cinismo fierita

De los muchos acuerdos a los que llegamos en Argentina a lo largo de los años, hay uno particularmente fértil: aquel sobre el rol del derecho que sellamos en 1983. A diferencia de otros países y mucho antes que ellos, Argentina definió su evento de mal radical como una “violación masiva y sistemática de derechos humanos” y lo enfrentó con la justicia. Lo hizo, por un lado, en busca de la verdad como evidencia en juicios para eventualmente castigar los delitos cometidos y, por otro, a través de una reconfiguración de su práctica jurídica. La primera reacción tiene su historia de vaivenes y es más conocida. La segunda, aunque más poderosa, está oculta bajo discusiones técnicas y desdibujada en estruendosos diálogos públicos.

Antes, la enorme mayoría de nuestros conflictos judiciales se decidían con los Códigos. Se estudiaban sus textos en las facultades, de memoria, y se aplicaban (con la ayuda de unos pocos tratados y manuales) a los casos. La práctica iniciada en el siglo XIX imponía a las profesiones del derecho, en particular del Poder Judicial, un rol meramente técnico, neutral, apolítico. Una sentencia era como un razonamiento deductivo: premisa mayor la ley (si alguien mata, va preso), premisa menor los hechos (X mató), conclusión la sentencia (X va preso). Una justicia de robots (que actúa como la boca de la ley, no como su cabeza). La independencia judicial en este paradigma consiste en alejarse de la política, y la seguridad jurídica equivale a calidad técnica. La ciencia del derecho brinda previsibilidad. Si alguien quiere cambiar algo tiene que cambiar la ley en el Congreso. La decisión política de adoptar este sistema estaba en línea con la necesidad de homogeneizar el derecho en todo el país y brindar seguridad a las personas inmigrantes. El mundo, deslumbrado con la codificación, ayudó, y la alquimia fue un éxito. Por un tiempo.

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