El asesinato de Fernando Báez Sosa trajo de vuelta al debate el viejo tema de la influencia que la prensa ejerce tanto en jueces como en fiscales, y que provoca que éstos, por diversas razones, cedan a esas presiones y se desvíen del camino al que las pruebas y la ley los conducen.
El fenómeno dista de ser novedoso, a punto tal que importantes autores europeos y nacionales lo han analizado en profundidad (Luigi Ferrajoli, Perfecto Andrés Ibáñez y Daniel Pastor, entre otros), y hacen, incluso, referencia a la existencia de “partes procesales atípicas” (Perfecto Andrés Ibáñez) o “actores extraprocesales” (Daniel Pastor). Se trata de la imposición de posiciones por parte de la prensa o de dirigentes políticos que, con independencia de la corrección jurídica, son favorables a sus propios intereses.
La solución a este problema es, desde lo teórico, sencilla, por cuanto es evidente que en un estado constitucional y democrático las controversias judiciales deben ser resueltas de manera imparcial de acuerdo a la ley y a los hechos que se comprueben durante el proceso, aunque en la práctica el problema carece de una solución concreta.
