Territorio La Salada: la disputa por un negocio que mancha a jueces, políticos y policías

«En los puestos pasa de todo. La venta formal e informal es apenas un 40% del negocio que se mueve, y que incluye trata de personas, venta de drogas, de armas, trapitos y hasta usurpación de viviendas. Donde te metas vas a encontrar mugre, y no sólo en el territorio de Castillo. Toda La Salada está sucia». Con esta síntesis abrumadora alguien que conoce muy bien el territorio político y judicial de Lomas de Zamora explicaba el miércoles a Infobae el escenario de La Salada. Apuntaba al entramado que sostiene semejante negocio: la connivencia entre sectores de la política, la Justicia y la Policía.

Así lo vienen denunciando tanto el legislador porteño Gustavo Vera como, en las últimas semanas, la diputada Elisa Carrió. La investigación a Jorge Castillo, que terminó en su detención en su mansión de Luján el miércoles, arrancó en 2015 después de una serie de enfrentamientos violentos cuando las bandas se disputaban la reorganización de una zona de 10 mil puestos que había sido desalojada. De hecho, la versión que circuló en aquel momento fue que había llegado el «dato» de la orden de desalojo del juez de Garantías Gabriel Vitale y muchos puestos la noche del operativo no abrieron.