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martes 20 de abril de 2021
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Tierra, poder y violencia

Santiago Maldonado fue visto por última vez el 1 de agosto, huyendo de la represión de la Gendarmería Nacional que ingresó ilegalmente en tierras de la comunidad mapuche Pu Lof, del departamento de Cushamen, a 1.400 quilómetros de Buenos Aires, en la provincia patagónica de Chubut. “Tenemos a uno”, gritaban los gendarmes, según los testigos, mientras rodeaban unos matorrales y cargaban entre todos un bulto en la camioneta de la fuerza de seguridad.

En un operativo de desalojo que no contaba con el aval de la justicia (no hubo orden de allanamiento) pero que no obstante fue comandado en persona por el número tres del Ministerio de Seguridad del gobierno federal, Pablo Noceti, la Gendarmería Nacional irrumpió en el terreno que la comunidad Pu Lof ocupaba desde hacía un par de semanas, destruyó todo el campamento mapuche y persiguió a las personas que allí se encontraban. Maldonado, un artesano bonaerense que vivía en la ciudad patagónica El Bolsón, se encontraba circunstancialmente allí para apoyar el movimiento antiminería y la causa mapuche. Montaba guardia en uno de los puestos de vigilancia del campamento, ya que para poder reclamar una tierra legalmente –y presentar recursos ante la justicia para obtenerla– primero los pueblos originarios tienen que tomar posesión de ella. Desde ese lunes no se supo más nada de Maldonado. El Estado niega tenerlo en custodia, mientras que organizaciones de derechos humanos denuncian que se trata de un caso de desaparición forzada.

Es la segunda desaparición presuntamente política en democracia, que esta vez parecería responder a una nueva lógica de represión, diferente a la de la última dictadura militar pero de matriz similar. La primera fue la de Julio López (en setiembre de 2006), testigo en el juicio contra el comisario Miguel Etchecolatz, acusado de cometer delitos de lesa humanidad entre 1976 y 1983. En total, desde la reinstauración democrática de 1983, se han registrado 220 desapariciones, según la Comisión Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), una Ong dedicada al seguimiento de arbitrariedades represivas estatales.

brecha.com.uy  (brecha.com.uy)