Un fiscal relata cómo es trabajar en Comodoro Py

El trabajo de un fiscal hay que explicarlo en el plano de los principios y en el real. Un lado “a” y un lado “b”. De acuerdo con la ley, el fiscal es un abogado de los ciudadanos. Estos, cuando aceptaron convivir en un Estado, organizados en base a derechos, resignaron la posibilidad de vengar agresiones y delegaron ese derecho en el sistema de justicia. Los fiscales representamos ese interés social en que los delitos se descubran y los responsables sean castigados. Nuestra obligación es juntar todas las pruebas posibles y enviárselas a los jueces junto a un texto en el que de manera razonada tenemos que explicar qué pasó. Carecemos de límite para recolectar pruebas. Obviamente, no podemos transgredir la ley, pero podemos recibir testimonios, utilizar información periodística, mensajes que circulan por las redes sociales, etcétera. Hablé largo y tendido de manera crítica sobre el tema hace poco tiempo en Injusticia (Ariel, 2018). Ahora quiero narrar brevemente el lado “b” del trabajo de un fiscal.

Restricciones. Es que en el plano real, o lado “b”, todas esas posibilidades yacen envueltas en algunas restricciones. Veamos. En nuestro país, el Ministerio Público Fiscal es un organismo relativamente nuevo, creado en 1994, que carece de una policía propia. Cuando los fiscales necesitamos el auxilio de las fuerzas de seguridad para descubrir algún delito, tenemos que recurrir a policías que dependen del Poder Ejecutivo. A veces suceden paradojas, porque necesitamos pedirles a los policías que busquen pruebas que pueden incriminar a sus jefes. Esa tensión es siempre fuente de verdades recortadas.


Dos ejemplos breves. Muchas veces la Justicia pide a los policías que examinen las grabaciones derivadas de pinchaduras telefónicas ordenadas por los jueces. Más de una vez, los policías no escucharon una parte relevante para la investigación.