El ataque de las turbas violentas contra las instituciones democráticas de Brasil en la capital, Brasilia, el domingo 8 de enero, fue una repentina e importante prueba de la resiliencia del país. Y, al menos al principio, la notoria ausencia de seguridad policial fue un factor crucial cuando los simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro se agolpaban en el Congreso Nacional, el Supremo Tribunal Federal y el palacio presidencial.
Las razones de esa demora no están del todo claras, pero algunos altos funcionarios acusan ahora a las fuerzas de seguridad de la capital de demorar su movilización más por intención que por confusión.
El ministro de Justicia de Brasil, Flávio Dino, afirmó que hubo muchos menos oficiales presentes de los acordados en el plan de seguridad establecido días antes. Además, un juez del Supremo Tribunal Federal emitió una orden de arresto contra la máxima autoridad de seguridad de la capital. Varios videos que circularon en línea mostraron a los oficiales que estuvieron presentes aparentemente escoltando a los manifestantes en su camino a los edificios federales y deteniéndose para tomarse selfis con ellos.
