Yo, el supremo

En la excepción no hay hábito, no hay costumbre, ni reglas claras. Sin embargo, no es una metáfora decir que el estado de excepción se volvió regla en Venezuela. En enero de 2016, unos días después de que asumiera la nueva Asamblea Nacional de mayoría opositora, el gobierno de Nicolás Maduro decretó el estado de excepción que, a base de prórrogas, mantiene hasta el día de hoy a pesar del absoluto rechazo de la mayoría opositora en la Asamblea. Pero, ¿puede el Ejecutivo ampliar sus poderes sin el visto bueno de una mayoría en el Legislativo? No. Según el artículo 26 de la Ley sobre Estados de Excepción, la resolución del gobierno debe pasar, en un plazo no mayor a los ocho días, al Congreso para ser respaldada por la mayoría. Entonces, ¿cómo puede ser que aún hoy el Ejecutivo cuente con estos poderes extraordinarios? Porque el gobierno atiende a la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que dice que la “Asamblea Nacional permanece en desacato y, en consecuencia, todos sus actos son nulos, carentes de validez y eficacia jurídica”.

Algo parecido pasó con la apodada“Corte paralela”. La mayoría opositora en el Congreso nombró 33 nuevos magistrados. Hagamos el ejercicio de vuelta: ¿puede el Legislativo nombrar jueces de la Corte antes de que finalice el período de 12 años por el que fueron designados? No. ¿Los jueces que la oposición quiere reemplazar han finalizado su mandato? No. Entonces, ¿cómo intentan reemplazarlos? ¿Buscarán removerlos denunciando “faltas graves” de los magistrados? No. Simplemente se basan en que no reconocen la última designación de jueces hecha por el oficialismo en la tarde del 23 de diciembre de 2015 porque, según argumentan, el proceso se salteó varios pasos debido a la urgencia de designarlos antes de la toma de posesión de los nuevos diputados.