El ex gobernador de Tucumán, Antonio Domingo Bussi, lloró en varios pasajes de su declaración y justificó su accionar al mando de las fuerzas militares que operaron en esa provincia entre 1976 y 1983. Junto a Luciano Benjamín Menéndez, el otro acusado por la desaparición de un ex senador, defendieron a la última dictadura.
Pese al intento de la defensa por dilatar los tiempos, se desarroló ayer en Tucumán, la segunda jornada del juicio que se les sigue a Menendez y a Bussi por la desaparición del ex senador Guillermo Vargas Aignasse en 1976. Fue el momento de la reseña de la acusación y las declaraciones de los acusados.
El martes, alegando problemas de salud, Bussi había conseguido que los jueces pasen a un cuarto intermedio. Sin embargo, ayer, aunque la defensa intentó igual estrategia, no lo consiguió y fue conminado a declarar aún con ayuda de respiración artificial. En algunos pasajes de su alocución se quebró y lloró, y en más de una oportunidad se mostró como una víctima de “la venganza de los derrotados de ayer en los montes y las urnas tucumanas.”
El ex general a cargo del “Operativo Independencia” – que tenía por objetivo terminar con la actividad izquierdista en el monte tucumano – insistió en hablar de «una guerra» y de «marxistas leninistas» que querían «tomar el poder político por el terror». En ese marco dijo haber combatido contra “bandas” de “traidores a la Patria”, se refirió a la figura del desaparecido como»un arbitrio psicológico» y aseguró que «los ideólogos de la subversión hoy (están en el) Gobierno».
Menéndez, el otro acusado por la desaparición de Vargas Aignasse, declaró pero se negó a responder preguntas del fiscal, por entender que se trata de un juicio «inconstitucional». Ambos acusados coincidieron en defender enérgicamente su actuación como autoridades militares en la zona y reivindicaron el accionar de las juntas militares que gobernaron durante la última dictadura.
En otro orden, la ministra de Defensa, Nilda Garré, decidió el pase a disponibilidad del hasta ayer jefe del V Cuerpo del Ejército con asiento en Bahía Blanca, el general de Brigada Oscar Gómez. La medida se tomó por «las altas responsabilidades» del cargo que el militar ostentaba en relación al escape del represor Julián Corres, detenido por violaciones a los derechos humanos en una sede policial en Bahía Blanca y fugado en los últimos días de julio.
Más información
www.clarin.com/diario/2008/08/09/elpais/p-01733616.htm
www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1038006
www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/1-34505-2008-08-09.html
