El gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, se reunió ayer con los ruralistas de la Mesa de Enlace provincial y les anticipó a los administradores y trabajadores de puertos que estaba dispuesto a discutir cambios sobre la reforma tributaria. Fue después de una serie de protestas llevadas a cabo en algunas ciudades bonaerenses y en Capital Federal.
En concreto, se decidió crear una comisión bicameral de seguimiento que revisará lo aprobado por el Parlamento bonaerense el miércoles pasado, buscando la manera de reducir los nuevos valores del impuesto al inmobiliario rural y la alícuota portuaria. Sin embargo, se aclaró que los cambios estarán sujetos a que se consigan «elementos sustitutivos para no perjudicar el plan recaudatorio».
Se estima que la Provincia terminará el año con sus cuentas públicas en un rojo cercano a los 5.000 millones de pesos. Con el nuevo esquema, Scioli pretendía recaudar entre 200 y 250 millones en el último trimestre del año, pero ahora deberá esperar los resultados de la comisión.
En los últimos días, el «impuestazo», como fue definido por algunos sectores, suscitó airadas críticas y nutridas movilizaciones frente a la Gobernación en La Plata y a la Casa de la Provincia de Buenos Aires en Capital Federal. También hubo toma de empresas y cese de actividades en las ciudades portuarias de Bahía Blanca, Mar del Plata, San Pedro.
De esta manera, mientras se esperan los resultados de la comisión bicameral, la Provincia sólo podrá aplicar los cambios sobre el impuesto inmobiliario urbano (con un 20% de aumento máximo) y a la compra venta de automóviles usados. También se prevé un pago extra para los vehículos que cuesten más de 40 mil pesos.
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