El decreto faculta al Procurador General del Tesoro, Joaquín da Rocha, para presentarse como querellante en la causa por el corte de ruta. «Yo ya jugué, ahora espero sentado», dijo ayer el presidente uruguayo, José Mujica.
La presidenta Cristina Fernández firmó ayer el decreto tal cual lo había exigido el juez subrogante de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel, para admitir al Gobierno nacional como querellante. La presentación formal se concretaría antes del lunes. La estrategia sería denunciar penalmente a algunos referentes de la asamblea ambientalista de Gualeguaychú para así desactivar el corte
De esta manera, el Gobierno busca tomar intervención directa en la causa judicial, que ya cuenta con dos órdenes de desalojo de la ruta 136 pese a lo cual hace tres años y medio bloquea el paso por el puente General San Martín. Según indicó ayer el ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, el objetivo es ir contra los asambleístas «con la ley en la mano», descartando cualquier posibilidad de un desalojo violento.
Desde noviembre de 2006 un numeroso grupo de vecinos de Gualeguaychú corta el paso internacional entre esa ciudad entrerriana y la uruguaya Fray Bentos en rechazo a la planta de celulosa instalada por la empresa Botnia en la margen oriental del río Uruguay. Los asambleístas aseguran que la fábrica contamina las aguas y el aire de la región. El conflicto llegó a la Corte Internacional de La Haya que no pudo probar la contaminación pero sí la violación por parte de Uruguay del estatuto a través del cual ambas naciones controlan el río.
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www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1274329
www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-147460-2010-06-12.html
www.clarin.com/politica/gobierno/Cristina-firmar-decreto-denunciar-corte_0_278972106.html
