El sumario podría concluir con la caducidad de la licencia para ofrecer televisión por cable en Capital Federal y varias localidades del interior del país.
En la tarde de ayer llegó a manos de los abogados del Grupo Clarín la notificación de un sumario abierto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) sobre la empresa Cablevisión. Se la investiga por varias causas, entre ellas violación al régimen de multiplicidad de licencias y otras normas contempladas por la ley de radiodifusión 22.285/80, vicios en los trámites de fusión enre Cablevisión y Multicanal, y el incumplimiento de las inversiones previstas en el decreto 527/05 como contraprestación de una prórroga de licencias.
«Están iniciando el camino para declarar caduca la licencia», indicaron desde el Grupo Clarín, relacionando al mismo tiempo el sumario con la avanzada del Gobierno sobre Fibertel y Papel Prensa, empresas del mismo holding. Por su parte, el titular de la Afsca, Gabriel Mariotto, argumentó: «Se están violando una serie de normativas. No actuamos de facto, es una intimación como a cualquier licenciataria».
Las once localidades en las que se analiza la posición de Cablevisión son Ciudad de Buenos Aires, Quilmes, Almirante Brown, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Bahía Blanca, Villa María, Córdoba, Santa Fe, Santa Rosa y General Pico. El total de abonados a la empresa del Grupo Clarín en el conjunto de esas localidades asciende a cerca de 1,2 millones.
En tanto, se conoció ayer la resolución del juez federal Alfredo López, de Mar del Plata, el primero en fallar en favor de una asociación de consumidores frente a la posible caducidad de la licencia de Fibertel. Allí se le dice a Cablevisión – dueña de Fibertel – y al Estado nacional que cada uno de los usuarios deberá tener garantizada «en forma inmediata y en idénticas condiciones» la conectividad a Internet. Esto pese a que el ministro de Planificación Julio De Vido firmó recientemente la resolución 100/10 que ordena a Fibertel a cesar de dar servicio en los próximos tres meses; por lo que ahora el Gobierno tiene un plazo de 10 días para comunicar si aún así se encuentra asegurada la continuidad de la prestación «a todos los usuarios en las mismas condiciones y modalidades».
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www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-152166-2010-08-28.html
www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1298847
www.perfil.com/contenidos/2010/08/27/noticia_0016.html
www.clarin.com/politica/asociaciones-paciencia_0_325167539.html
