El proyecto de ley que el Gobierno envió el Congreso el viernes por la tarde generó todo tipo de reacciones ayer. El núcleo duro de la oposición lo tildó de «inconstitucional», «trampa» y «mamarracho». El kirchnerismo salió a defenderlo.
La iniciativa se propone declarar de interés público la fabricación del papel para los diarios, que en Argentina sólo produce Papel Prensa, empresa del Grupo Clarín. También prevé la creación de una comisión bicameral encargada de analizar el marco normativo elaborado por el Gobierno, y un Consejo Consultivo Federal para asesorar al grupo Parlamentario.
La líder de la Colación Cívica, Elisa Carrió, dijo que el proyecto «viola la Constitución y el Pacto de San José de Costa Rica» y advirtió: «Si no defendemos el país, caemos en la dictadura». Sostuvo así que el Gobierno «va por la detención» de los dueños de Clarín y La Nación.
Roy Cortina expresó la posición del Socialismo en Diputados: aseguró que el Gobierno busca «condicionar todavía más a la prensa independiente» entendiendo que el proyecto apunta a que el Ejecutivo «regule a su antojo esta actividad tan sensible». Su postura se diferencia de la del gobernador socialista Hermes Binner, quien horas antes había opinado positivamente en cuanto a que el Congreso se diera al debate de un nuevo marco regulatorio.
Desde el Peronismo disidente también se mostraron contrarios. El empresario Francisco de Narváez alertó del avance «sobre la propiedad privada y la libertad de prensa», acusando al Gobierno de «intentar callar las bocas de los que pensamos distinto». Su aliado del Pro, Federico Pinedo, calificó al proyecto de «mamarracho», le achacó «una pobreza franciscana» y aseguró que no es ni «mínimamente votable».
De entre los radicales, la más dura fue Silvana Giúdici: denunció que el Gobierno quiere «apropiarse de los medios que le faltan». En tanto, el presidente del partido, Ernesto Sanz, y el senador Gerardo Morales, advirtieron que no respaldarán ninguna reglamentación que limite la libertad de expresión. El jefe de la UCR, sin embargo, aclaró: «Si de lo que se trata es de un proyecto que garantice el acceso a los insumos para beneficiar esa libertad de expresión, estamos dispuestos a discutirlo».
La defensa del proyecto en el Congreso llegó sólo desde el jefe del bloque oficialista, Agustín Rossi. Valoró la iniciativa de la Presidenta y dijo que el texto «tiene la virtud de transparentar un mercado» y que una vez aprobado generará «condiciones igualitarias para todos». Sostuvo, además, que el articulado enviado a Diputados «es tan claro que hay que decir si se está a favor o en contra, nada más que eso».
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www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-152225-2010-08-29.html
www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1299291
www.clarin.com/politica/gobierno/Proyecto-inconstitucional_0_325767548.html
