El fiscal Civil 3 de Montevideo, Enrique Viana, presentó un planteo ante Corte uruguaya contra «la Administración Pública» cuestionando las normas de inversiones 17.209 y 17.759 que permitieron la instalación y funcionamiento de Botnia. Consideró que «implican el abandono de la soberanía nacional y el orden público interno» destacando que la empresa papelera finlandesa es «una de las cinco más contaminantes del planeta».
Las leyes cuestionadas son las que ratificaron tratados de Uruguay con el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones (CIADI) y un acuerdo inversor con la República de Finlandia. El funcionario consideró «antijurídica» la conducta de la Administración Pública «por cuanto ha obrado promoviendo la instalación y el funcionamiento de su emprendimiento celulósico, asumiendo una postura de socio, y defraudando así su deber fundamental en la protección ambiental». Por esto reclamó prohibir «la instalación y la operativa de la fábrica de celulosa de Botnia, actualmente conocida también bajo la denominación UPM».
El fiscal ubicó al Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente de Uruguay como posible «responsable por la omisión en el cumplimiento de su deber fundamental de protección del medio ambiente».
